El papel de las clases privilegiadas en la destrucción de la democracia chilena
| septiembre 8, 2013 | Posted by historia under Estados Unidos, Solidaridad por países |
por James Petras. 1998
Introducción
En el vigésimo quinto aniversario del derrocamiento de Salvador Allende, presidente del gobierno socialista chileno democráticamente elegido, el juicio convencional de los hechos continúa repitiendo los mismos errores básicos en relación con la violenta destrucción de las instituciones democráticas, sus perpetradores, y, más específicamente, sobre la relación entre las clases media y alta y las prácticas totalitarias de los dictadores militares. Pintar el derrocamiento de la democracia como un suceso puramente "militar", ajeno a la estructura de clases, a las elites políticas y a las tradiciones autoritarias profundamente arraigadas en una sociedad tan estratificada como la chilena, contribuye a ocultar las verdaderas fuerzas actuantes en el golpe de estado y permite la colaboración entre una izquierda supuesta y el centro-derecha gobernante.
La distorsión de la historia política de Chile y del papel jugado por las clases y sectores civiles implicados en el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular es acompañada por la falsificación de la naturaleza del sistema político chileno anterior al golpe. Actualmente algunos ex-izquierdistas dispuestos a colab
orar con los responsables del golpe de estado y quienes lo apoyaron, proclaman que fue la izquierda chilena la que lo provocó con su ideología, valores y conducta antidemocráticas. Estos arrepentidos describen al gobierno de Allende como compartiendo el mismo talante autoritario que el régimen militar de Pinochet, buscando con ello legitimar su actual colaboración con el régimen neoliberal vigente al que presentan como el mejor de los mundos posibles. Sin embargo, este enfoque, denominado como la estrategia de los "dos demonios" por sus críticos, no resiste un examen histórico cuidadoso.
Este ensayo sostendrá, en primer término, que el derrocamiento de Allende fue un golpe clasista en el cual civiles pertenecientes, casi exclusivamente, a las clases altas jugaron un papel decisivo en el apoyo y la promoción de medidas totalitarias antes, durante y después del violento golpe que derrocó al presidente electo.
En segundo término, sostendremos que bajo el gobierno de Allende, Chile experimentó un nivel de participación democrática sin precedentes en su historia, comparable a los sistemas más avanzados en el ámbito mundial. El problema de Chile no fue la ausencia de democracia, sino la incapacidad de su gobierno, democráticamente electo, para distinguir entre oposición legítima y subversión totalitaria. El problema consistió en la falta de voluntad de los demócratas en el gobierno de Allende para defender el orden constitucional frente al comportamiento ilegal y violento de las clases altas, sus organizaciones sociales y las elites de los partidos políticos que defendían sus intereses.
Golpe militar o golpe clasista
Durante los diez años en que realicé estudios sobre la política chilena (1962-1973) creció mi escepticismo sobre el paradigma dominante que hablaba de su prolongada y asentada tradición democrática. Descubrí que desde finales del siglo XIX hasta mediados los años sesenta, varios gobiernos chilenos estaban implicados en algunas de las más sangrientas represiones ocurridas en América Latina contra sindicatos democráticos y pacíficas protestas campesinas y urbanas. El sistema electoral era tan imperfecto que, hasta bien entrado este siglo, menos del 10 por ciento del electorado podía determinar los resultados electorales.
En segundo lugar, Chile experimentó una serie de violentas convulsiones que prepararon el terreno para la caída de Allende. En 1891, así como en el período comprendido entre la segunda mitad de los años veinte y el comienzo de los treinta, el proceso político estuvo marcado por golpes militares y convulsiones civile
s, con las clases dominantes reclamando la intervención del ejército para resolver los conflictos laborales y para derribar a políticos nacionalistas. Aquellas recurrieron a la organización de milicias paramilitares "republicanas" para reforzar su dominio frente a los movimientos de izquierdas emergentes, incluso después de la restauración de la democracia, a mediados de la década de 1930.
El autoritarismo, profundamente asentado, de la política chilena se manifestó en la década comprendida entre 1948 y 1958 con la proscripción del Partido Comunista y el establecimiento de campos de concentración en varias localidades de norte desértico del país, como Pisagua, constituyendo un verdadero precedente de los campos abiertos por el régimen militar del general Pinochet, respaldado por esas clases dominantes, en la década de 1970.
La proscripción de la principal organización política de la clase obrera (el Partido Comunista) durante los años cincuenta, pone en tela de juicio la premisa fundamental sostenida por los que afirman la existencia de una "tradición democrática sólidamente asentada a lo lago de un siglo" en la política chilena.
Al comenzar mis estudios de campo en Chile a mediados de los sesenta, topé con frecuencia con actitudes y conductas autoritarias entre los miembros de las clases alta y media alta. Desdeñaban las preferencias de voto de obreros y campesinos, al tiempo que se mostraban hostiles a las normas y procedimientos democráticos que afectaban sus intereses sociales y económicos. Aplaudían públicamente las medidas represivas adoptadas por el gobierno Frei contra los mineros del cobre y del carbón.
Durante la década de 1960 circularon dos versiones relativas a la naturaleza del sistema político chileno: la "versión oficial" que repetía sin cesar que Chile era una democracia que gozaba de vibrante vitalidad, y la "versión extraoficial", que inspiraba el comportamiento de las clases dominantes y que consideraba a la democracia como algo a tolerar siempre y cuando los privilegios de clase, las desigualdades y la concentración de la propiedad permanecieran intactos. En varios encuentros informales mantenidos con grandes terratenientes a finales de los sesenta, me manifestaron su intención de oponerse la reforma agraria promulgada y de alentar un derrocamiento violento del gobierno. Cuando en aquella 
época desarrollé la tesis de un golpe apoyado por la clase alta (en las conclusiones de mi primer estudio Politics and Social Forces in Chilean Development) los autores más convencionales descartaban esa posibilidad.
La tradición autoritaria de las clases alta y media alta chilenas (CAMA) se activó inmediatamente después de la victoria electoral de Salvador Allende.
Al comienzo, miembros violentos de las CAMA asesinaron al general Schneider, un constitucionalista, esperando provocar con ello un golpe militar. Ejecutivos de multinacionales norteamericanas (AT& T) junto a sus homólogos chilenos contribuyeron a financiar otro golpe de estado que terminó fracasando. El derrocamiento violento de Allende fue un proceso, no un evento singular sucedido el 11 de septiembre de 1973. Las actividades ilegales y violentas de los partidos, dirigentes y activistas de las CAMA jugaron un papel principal en el desencadenamiento del asalto militar al poder, colaborando con el gobierno en la represión desatada en fábricas y barrios, apoyando al nuevo régimen militar-civil y recogiendo los beneficios de su política.
Entre 1970 y 1973, pero especialmente durante el período que se extiende desde mediados de 1972 hasta septiembre de 1973, prácticamente la totalidad de los empresarios y propietarios rurales con los que conversé criticaban la reticencia militar a derrocar el gobierno. Por supuesto muchos de ellos rechazaban la idea de arriesgarse personalmente para defender sus sagrados derechos de propiedad. Hombres de negocios, profesionales enriquecidos, propietarios de empresas de transporte y comerciantes mayoristas participaban en boicots ilegales que amenazaban el bienestar popular, con el fin de derrocar al régimen, no de alcanzar reivindicaciones específicas. Los propietarios de los medios de comunicación colaboraron con organismos de espionaje extranjeros (como, por ejemplo, Agustín Edwards de El Mercurio con Richard Helms de la CIA) para provocar el caos y apoyar acciones violentas encubiertas. La casi totalidad de los empresarios organizaron lock-outs ilegales para paralizar la economía y derrocar al gobierno. Con frecuencia colaboraron con grupos derechistas para intimidar a aquellos que rehusaban participar en los cierres patronales.
La dirección del Partido 
Demócrata-Cristiano (PDC) se implicó en los esfuerzos sistemáticos para paralizar al gobierno de la Unidad Popular bloqueando la aprobación de presupuestos, intentando la dimisión de ministros con los pretextos más nimios, e instruyendo a sus partidarios en los sindicatos y las asociaciones profesionales para que colaboraran con los empresarios para desbaratar la producción y bloquear los mecanismos de negociación colectiva. La cúspide dirigente del PDC conspiró con servicios de inteligencia extranjeros recibiendo fondos ilegales, y con oficiales militares dispuestos a derrocar a Allende y sustituirlo por un demócrata-cristiano. El Partido Nacional, de extrema derecha, junto al grupo terrorista Patria y Libertad, organizó el sabotaje de la producción, distribución y transmisión de energía.
Los acontecimientos militares del 11 de septiembre de 1973 fueron precedidos por un nivel inédito de actividades violentas apoyadas y dirigidas por las CAMA, con el propósito explícito de crear un clima propicio al golpe militar. El proceso de "organización del golpe" estuvo controlado, casi por completo, por civiles pertenecientes a las clases alta y media alta, con el objetivo de debilitar a las organizaciones de la clase obrera y del campesinado. Fue un proceso de carácter claramente clasista dirigido a subvertir y anular los cambios socioeconómicos y políticos que habían permitido el acceso a la propiedad a los campesinos, el control obrero en la industria y el desarrollo de un sistema financiero para promover el sector económico de propiedad social.
El violento derrocamiento del gobierno democrático por los militares era el medio idóneo para recuperar privilegios de clase, la propiedad 
indiscutida sobre los medios de producción y el control total de las relaciones de producción. Una vez desencadenado el golpe de estado y ante la mínima posibilidad de que hubiera resistencia armada, los miembros de las clases dominantes se refugiaron en sus domicilios a la espera de acontecimientos mientras los partidos Demócrata Cristiano y Nacional hacían explícito su apoyo al golpe -desde la seguridad de sus cuarteles generales.
La naturaleza militar del asalto final al gobierno, fue la culminación de las actividades ilegales instigadas por los civiles, que "legitimaron" la violencia a los ojos de los generales. La judicatura, la mayor parte de la burocracia civil y la gran mayoría de la elite empresarial y profesional -incluyendo a muchos profesores de la Universidad Católica y la Universidad de Chile- ofrecieron inmediatamente su colaboración a la nueva junta militar.
Inmediatamente después de la consumación del golpe de estado, las CAMA aportaron una colaboración esencial en la formulación de la política económica, la represión de los trabajadores, la expropiación a los beneficiarios de la reforma agraria, en obtener la asistencia financiera internacional y una política de defensa para la junta militar. Sin esta colaboración a gran escala y a largo plazo, la junta militar habría tenido serias dificultades para sostenerse.
Industriales, gerentes y terratenientes desencadenaron purgas masivas contra los sospechosos de simpatizar con el gobierno de Allende. Empresarios y burócratas sindicales aliados a la Democracia Cristiana y al Partido Nacional denunciaron a activistas y dirigentes sindicales sometidos a tortura, ejecutados o encerrados en campos de concentración por la policía secreta y los militares.
Los dirigentes de las principales organizaciones industriales, comerciales y médicas se colaboraron con el régimen militar con asesores y técnicos para suplir su inexperiencia en temas económicos. Los infames Chicago-Boys de la Universidad Católica proporcionaron los programas económicos y trajeron a Chile a asesores como Milton Friedman y Arnold Harbeger para legitimar el "modelo" económico de superexplotación.
Muchos miembros del alto clero expresaron públicamente su apoyo a la junta militar, aún cuando sacerdotes demócratas eran arrestados y torturados.
El Partido Nacional e inicialmente la Democracia Cristiana aprobaron la disolución del parlamento. La primera divergencia se produjo poco después que los militares disolvieran los partidos políticos. Los demócrata-cirstianos que habían aprobado al primera ola de arrestos y ejecuciones masivas, terminaron objetando cuando vieron claramente que el golpe no les devolvería el poder. Algunos sectores protestaron por la disolución de su partido. Otros, en cambio, la aceptaron y se unieron al régimen de Pinochet. Mucho más significativo fue el abrumador apoyo a la junta, sin interrupción durante una década y media, del grueso de las CAMA, instaladas en los lujosos barrios de Santiago (Las Condes, Vitacura, Providencial), Concepción, Valparaíso, Temuco.
Las razzias militares en los barrios de chabolas, habitados por las clases bajas, las brutales masacres durante as protestas populares que se produjeron entre 1983 y 1986 fueron aplaudidas por las CAMA y el grueso de la clase media bajo los auspicios de El Mercurio, La Tercera y las principales cadenas radiofónicas y televisivas.
Prácticamente no se registran casos de familias pertenecientes a las clases altas dando refugio o protección a militantes obreros o campesinos. En ese sentido la actitud de la clase alta chilena frente al atropello de los derechos humanos fue peor que la registrada en la Europa ocupada durante la persecución de los judíos por los nazis. Los contados casos en que ofrecieron refugio o apoyo a demócratas perseguidos fue cuando se trataba de izquierdistas pertenecientes a su propia clase. Profesionales y hombres de negocios chilenos contaron, en algunos casos, con el apoyo familiar para refugiarse en las embajadas. El carácter clasista de la sociedad chilena se manifestó incluso en la persecución de la oposición. Muchos de los izquierdistas pertenecientes a la clase media abandonaron a sus compañeros de la clase obrera, llegando a Europa donde alcanzaron, en muchos casos, posiciones lucrativas en las universidades así como subsidios. Mientras que campesinos y obreros sufrieron el peso de la represión militar y de la explotación y el abuso de las clases dominantes.
El aspecto clave de la fusión y colaboración entre las CAMA y los militares fue su acuerdo "en colocar a obreros en su sitio", restaurar las estructuras clasistas y castigar con severidad a los transgresores. Los industriales ya no tuvieron que afrontar huelgas o negociaciones colectivas con los sindicatos. Los terratenientes pudieron contar nuevamente con la obediencia ciega de los campesinos aterrorizados. Las damas de la alta sociedad pudieron tiranizar sin obstáculos a sus sirvientas. El retorno de un orden y una legalidad clasista incuestionables fue el motivo de la colaboración mutua entre las CAMA y los militares.
La distribución de los beneficios económicos en el nuevo orden militar fue otro de los puntos clave en la consolidación de sus relaciones con las clases dominantes. Las enormes ganancias que obtuvieron banqueros y empresarios industriales, los vastos imperios económicos surgidos en el seno de la nueva clase de millonarios es una consecuencia directa de la naturaleza esencialmente capitalista del régimen militar. En términos estrictos la junta militar reprimió con el asesoramiento y la ayuda de jueces y líderes civiles pertenecientes a las clases altas. En el ámbito social y económico fueron las clases altas chilenas las que diseñaron y aplicaron las políticas que privatizaron empresas públicas lucrativas, quienes aseguraron los préstamos internacionales que permitieron recuperar la banca en crisis para que pudiera privatizarse.
Se comete un serio error cuando se dice que los militares devolvieron su riqueza a los ricos, porque el régimen nunca fue exclusivamente militar. Especialmente en el ámbito de la política económica fueron los miembros de las clases altas, vinculados a las instituciones económicas más importantes de la sociedad civil chilena, quienes dictaron los términos.
La visión totalitaria de Pinochet fue compartida por la mayor parte de las clases altas durante su mandato. Apoyaron sus medidas diseñadas para sostener el modelo económico que las enriquecía mientras empobrecía a millones.
La continuidad del autoritarismo en el período postpinochetista
Lo más notable en la transición al sistema electoral es la continuidad de las desigualdades económicas y sociales del período precedente, la permanencia del aparato militar y de inteligencia con sus estructuras intactas y la impunidad de los principales responsables de las violaciones de los derechos humanos.
Este continuismo explica la facilidad con que las autoritarias CAMA han aceptado al proceso electoral. El férreo control ejercido por las clases dominantes sobre la sociedad, los medios de comunicación y las instituciones económicas, a través de los partidos políticos gobernantes expresa el continuismo del poder en un nuevo contexto. La anterior fusión cívico-militar de la dictadura ha sido reeditada en la Concertación: la fusión de las clases altas con los partidos políticos, el estado y los militares.
En los años noventa esta continuidad se manifiesta así mismo en el control estatal sobre los sindicatos y las organizaciones campesinas, en la salvaje represión de las protestas pacíficas y en la incorporación del máximo líder del estado totalitario en una de las cámaras parlamentarias.
Firmemente instaladas en los centros del poder económico y militar, las CAMA toleran la actividad pública que no afecta los aspectos centrales del gobierno y la economía. Los debates y manifestaciones políticas reciben poca o ninguna difusión pública y son consideradas como entretenimientos para pacificar a la oposición.
Los intelectuales arrepentidos
Una de las dificultades que afronta la nueva generación de opositores al statu quo en Chile es el reencuentro con el pasado. Uno de los mayores obstáculos son los "intelectuales izquierdistas arrepentidos". El papel fundamental del intelectual arrepentido y reconciliado con el statu quo, es el de distorsionar la
rica experiencia democrática del gobierno de Allende para conseguir una buena posición dentro del sistema electoral neo-autoritario dominado por las CAMA.
El sistema político chileno durante el gobierno de la Unidad Popular fue uno de los más democráticos en la historia occidental reciente, cualquiera que sea el aspecto desde el que se lo examine. No sólo tuvieron lugar elecciones libres, abiertas y regulares para elegir a los representantes políticos, sino que también aquellas tuvieron lugar en los sindicatos, organizaciones campesinas, de mujeres y vecinales, así como en otros sectores de la sociedad civil. Trabajadores elegidos democráticamente administraron las fábricas, los campesinos votaron para designar a los dirigentes de los asentamientos generados por la reforma agraria, y los estudiantes y empleados universitarios participaron en la elección de los equipos de gobierno de los centros académicos. Muchos institutos de investigación y servicios públicos (salud, vivienda e higiene) fueron sometidos al control de los ciudadanos.
Esta contundente realidad democrática, sin precedentes en Chile como en Occidente, ha sido negada, distorsionada y falsificada por estos ex-izquierdistas arrepentidos. Enfocan sus críticas sobre los "valores autoritarios" de la izquierda chilena, su "visión instrumental" de la democracia, su afinidad por las ideologías autoritarias (pro-soviéticas). Sin embargo, la cuestión fundamental es que estos denominados por aquellos como intelectuales autoritarios se atuvieron a las reglas de juego democráticas. Ninguno fue capaz de imponer sus supuestos valores "autoritarios" en el sistema político. En mis diez años investigación en Chile, entre 1963 y 1973, la mayor parte de los datos que obtuve demuestran que el grueso de las medidas democráticas fue impulsado por la izquierda: comités barriales democráticamente elegidos, fábricas y granjas autogestionadas, coparticipación universitaria, comités de salud pública comunitarios, etc.
Los ex izquierdistas vergonzantes falsifican la realidad deduciendo actitudes autoritarias a partir de esquemas ideológicos abstractos en lugar de observaciones empíricas e históricas sobre el comportamiento de la izquierda. Por lo tanto inventaron el mito que presenta a la izquierda rechazando a la democracia, adjudicándole que la consideraba como un mero "instrumento en el camino a al dictadura del proletariado".
La realidad es que la izquierda extendió y profundizó la democracia participativa más allá de la convocatoria periódica de elecciones parlamentarias, extendiéndola a los lugares de trabajo y a los barrios así como al sistema educativo y sanitario. Las normas democráticas fueron utilizadas para realizar una democracia sustantiva – igualdad de condiciones y libertad de expresión para las clases populares, hasta ese momento oprimidas e intimidadas por empresarios, terratenientes y damas de al alta sociedad.
Lo que resulta particularmente deshonesto en esos intelectuales ex izquierdistas es su falta de interés en explorara y criticar actualmente el pasado autoritario y totalitario de sus colegas demócrata-cristianos y derechistas en el parlamento y las universidades. No lo intentan para lesionar su mutuo acuerdo y el nuevo consenso basado en denunciar el pasado igualitario y socialista y celebrando el régimen electoral neoliberal y autoritario.
Para estos ex izquierdistas los demócratas fueron los responsables del golpe de estado, no las CAMA implicadas en la violencia. Aducen que los políticos que nivelaron riqueza y propiedad fueron "provocadores". Este absurdo lógico es una apología transparente de los tres años de violencia y violación de las normas democráticas organizadas por el PDC y el P. Nacional en colaboración con las clases altas durante la presidencia de Allende.
La nueva generación que alcanza la madurez política en Chile en la búsqueda de cambios auténticamente democráticos debe recuperar la verdadera historia de la democracia bajo el gobierno de la Unidad Popular y rechazar los mitos y falsedades difundidas por los intelectuales ex izquierdistas. Sobre todo deben rechazar los rasgos autoritarios de las CAMA chilenas mientras perfilan su programa de justicia social.
